Como seguramente muchos de vosotros ya sabréis, los tres difusores actuales del EXPEDIENTE ROYUELA (Alberto Royuela Fernández, Santiago Royuela Samit y Juan Martínez Grasa) fueron encarcelados de forma preventiva comunicada el pasado 28 de junio de 2023, tras acudir a declarar a la Audiencia Nacional, respondiendo a la convocatoria del juez que les acusa de «injurias y calumnias contra altas instituciones del Estado», así como de elaborar denuncias falsas y de constituir una «organización criminal» junto con el [inhabilitado] juez Fernando Presencia Crespo, a su vez cabeza visible de ACODAP (Asociación contra la Corrupción y Defensa de la Acción Pública), cuyo objetivo principal, según Estatutos, viene resumido en su propia denominación. Bien pudiera barajarse la hipótesis de que los tres se hayan visto envueltos sin percibirlo en un escenario que ellos no han propiciado.

Por tanto, debe subrayarse que la razón por la que Alberto, Santiago y Juan se encuentran privados de libertad poco o nada tiene que ver en lo sustancial con el contenido del libro que en este sitio se publicita y promociona.

La familia Royuela en general, y su patriarca en particular, vienen siendo perseguidos por la Justicia desde hace décadas (como se relata de manera profusa en el libro), y pudiera ser que estos últimos acontecimientos formaran parte de esa política represiva del Estado, que querría así acallar por cualquier vía (no necesariamente lícita, y aún menos moral) toda suerte de discurso o mensaje que ponga en tela de juicio la «verdad» oficializada. Ejemplos sobran para sospechar en dicho sentido, y el EXPEDIENTE ROYUELA, de resultar cierto incluso en una ínfima parte, supondría un torpedo dirigido a la misma línea de flotación del denominado Régimen del 78, que a fuerza de ser adulado sin descanso en boca de políticos y medios de comunicación ha acabado por aceptarse como una «democracia impoluta y modélica». Pero quizá le falte mucho para merecer no ya tan pomposos adjetivos, sino meramente el nombre.

Si acaso ya lo tenía, ahora más que nunca el libro adquiere pleno sentido, pues se nutre el Expediente de docenas de miles de documentos manuscritos, que dicen cosas horribles, y cuya autoría alguien con mando en plaza deberá en algún momento atribuir a sus verdaderos escribas, quienes deberán ser juzgados y en su caso condenados: si son los unos, por falsificadores proactivos de algo gravísimo; si son los otros, por urdir una trama criminal responsable de muchos cientos de «eliminaciones físicas». Recogemos aquí una apropiada frase inserta en el libro: «Mucha gente que ahora está fuera debería estar dentro».

Pero volvamos a los últimos acontecimientos. Se refiere el juez a las denuncias que Alberto y Juan llevan presentando en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), obligado como está por ley todo ciudadano a comunicar a la autoridad competente en la materia cuanto aprecie ilícito, más si cabe después de la reciente transposición por parte del Reino de España de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, relativa a las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. Dicha normativa incluye la protección que las administraciones de cada estado miembro debe garantizar al denunciante de prácticas corruptas. Pues bien, en lugar de solicitar judicialmente la oportuna ‘comisión rogatoria’ a la entidad bancaria que corresponda, para que esta certifique o niegue los datos, se opta por eludir tan sencillo y habitual procedimiento, convirtiendo así al denunciante en denunciado, lo que abre la puerta al magistrado de turno para enviarlo a prisión preventiva, como es el caso. Y de ello brota una pregunta: ¿Qué calificativo merecería un comportamiento como este?